
La investigadora para el Caribe de Amnistía Internacional, Louise Tillotson; rechazó la expulsión de al menos 165 venezolanos por parte de las autoridades de Trinidad y Tobago; puesto que indican que “violan el derecho internacional” a los inmigrantes.
Según los informes de las autoridades de Trinidad y Tobago, se han reportado la expulsión de 165 personas venezolanas en las últimas semanas. Por su parte, Tillotson ha criticado esta acción; resaltó que “ninguna persona debe ser devuelta a un lugar en el que corra peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos”.
Asimismo, recalcó que expulsar a estos migrantes y devolverlos a la emergencia humanitaria y de derechos humanos de la que huían, en medio de la pandemia del Covid-19; es un asunto que “viola el derecho internacional”. En referencia directa a la actual situación que atraviesa Venezuela.
“Comprendemos que el Covid-19 plantea a los gobiernos un grave desafío y que en este contexto pueden regular sus fronteras. Pero Trinidad y Tobago promueve un discurso xenófobo que asocia a las personas que huyen de Venezuela con el virus”, manifestó Louise.

Las autoridades violan el derecho a los inmigrantes
El pasado 25 de julio, el ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, Stuart Young, señaló que los “migrantes ilegales”, las personas que “llegan por mar” y los empresarios que “trafican” con los migrantes; constituyen a un riesgo para la salud. Sugirió a los ciudadanos denunciar a través de una línea telefónica de emergencia.
También, agregó que aquellos inmigrantes venezolanos que tiene un permiso legal de residencia y el derecho a trabajar; iniciado por el proceso de “amnistía” del gobierno en 2019; los permisos podrían ser revocados. Por lo tanto, sí descubren que dan hospedaje a migrantes ilegales serán expulsados del país.
Según un medio de noticias de Trinidad y Tobago, informó que la Amnistía Internacional visitó al país en enero de 2020; unas mujeres les reportaron que eran “supervivientes de trata de personas”; agregaron que no denunciaron a los responsables, debido a que indicaron que la policía estaba implicada.
Asimismo, la Amnistía Internacional juzga la nueva amenaza de las autoridades del país; por criminalizar a los refugiados que huyen de Venezuela para tener una mejor calidad de vida. Sin embargo, estas medidas tomadas por el gobierno, aumenta el riesgo que los inmigrantes se oculten y no tengan la oportunidad a los servicios de salud.